El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria para el año 2018 de las ayudas para la promoción del empleo juvenil e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i, por un importe de 40 millones de euros.

De esta forma, se va a impulsar la contratación laboral de unos 1.000 jóvenes como personal técnico y de gestión de la I+D en universidades, organismos y entidades de investigación del sector público.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado que esta convocatoria persigue un doble objetivo: mejorar "la formación y empleabilidad de titulados universitarios o técnicos de formación profesional" y reforzar "las actividades de investigación de las instituciones y el rendimiento de infraestructuras".

Méndez de Vigo ha destacado que es la segunda convocatoria que se aprueba para I+D, dentro de las medidas de fomento de empleabilidad del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil.

También ha recordado otras iniciativas aprobadas previamente por el Gobierno, como la autorización al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de la convocatoria FEDER Interconecta (50 millones de euros), de ayudas al sector empresarial (800 millones de euros) y la convocatoria de las becas Beatriz Galindo (21,6 millones de euros entre los años 2018 y 2021) para "atraer hacia España al talento investigador que se encuentra en el exterior".

El portavoz ha apuntado que, en lo que va de año, "se han aprobado acuerdos que comprometen casi 1.000 millones de euros para ayudas y proyectos relacionados con la investigación".

Propiedad intelectual

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para incorporar al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas 2014/26 y 2017/1564. De esta forma, "se refuerza el sistema de control de las entidades de gestión de derechos de autor y se favorece el acceso a la cultura para personas con discapacidad", ha aclarado el ministro Méndez de Vigo.

La primera Directiva, la 2014/26/UE, introduce licencias multiterritoriales sobre las obras musicales. El objetivo es acabar con las dificultades a las que se enfrentan los proveedores de servicios de música en línea cuando desean adquirir licencias para repertorios agregados en varios Estados miembros.

Otro objetivo de esta Directiva es introducir transparencia en el tratamiento de los ingresos recaudados en nombre de los titulares de los derechos de autor.

Entre las novedades que introduce el Real Decreto-ley aprobado hoy figuran: regular la figura del operador de gestión independiente; abrir a la competencia en el mercado de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual a entidades de gestión tanto de Estados miembros de la UE como de terceros países; establecer el derecho de revocación, total o parcial, del contrato de gestión de derechos; introducir un órgano de control interno al servicio de los socios de las entidades de gestión (ejercerá una labor de fiscalización constante), y ampliar la posibilidad de acordar la intervención temporal de una entidad de gestión.

Según ha puntualizado el ministro, a partir de la aprobación de este Real Decreto-ley, las entidades de gestión con recaudación superior a 100 millones de euros deberán remitir al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la modificación de sus estatutos, aprobadas por sus respectivas asambleas generales. El resto de entidades disponen de un año para realizar el trámite.

'Directiva Marraquech' y contratos del personal artístico

El portavoz del Gobierno ha señalado que la segunda Directiva, la 2017/1564/UE, conocida como "Directiva Marraquech", busca "mejorar el acceso de las personas con discapacidad visual a las obras impresas, abriendo el tráfico intracomunitario de las obras adaptadas para su acceso por estas personas".

Además, en el citado Real Decreto-ley, se ha incluido una modificación, a petición del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), para adaptar los contratos del personal artístico de las compañías nacionales a los propios proyectos que desarrollan. El ministro ha explicado que esta "era una petición de los bailarines y, por tanto, el Ministerio de Cultura está satisfecho de que se haya llegado a esta solución".