Aunque los 2.300 millones de euros no son suficientes porque deberían adelantarse a 2011, la iniciativa va en la dirección adecuada para solucionar la dramática situación que están viviendo las empresas proveedoras, especialmente pymes y autónomos, opinan desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

“Instamos al Gobierno a articular los mecanismos oportunos y de control para que el aumento de estas aportaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en los próximos presupuestos sean realmente finalistas y sirvan para pagar efectivamente las deudas pendientes”, señala el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete.

Desde el punto de vista de Cañete, “la propuesta va en la dirección adecuada para solucionar la dramática situación que están viviendo las empresas proveedoras, especialmente pymes y autónomos, por las deudas que tienen pendientes con las AAPP, sobre todo los ayuntamientos”. En los últimos meses se ha constatado un incremento de estas deudas “al no poder aumentar más su endeudamiento las Administraciones Públicas”, aclara.

La PMcM, que tiene reconocida su representación en temas de morosidad por la ley 15/2010, quiere buscar acuerdos con los diferentes responsables del Gobierno central, las comunidades autónomas y las entidades locales, con el objetivo de solucionar cuanto antes la deuda histórica de las administraciones con los proveedores, con lo que se podría evitar el cierre de miles de empresas (400.000 desde el inicio de la crisis), asegurando a su vez decenas de miles de puestos de trabajo.

Hace falta un plan 

Por ello, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad propone crear un plan con el Gobierno para evitar el aumento de las deudas con proveedores.

Entre otras medidas, contempla que las AAPP reconozcan de manera oficial y por escrito las cantidades que adeudan a sus proveedores y pacten con las entidades financieras para que los bancos acepten este reconocimiento de deuda y concedan así créditos a las empresas; que prioricen el pago de sus facturas pendientes a los proveedores a los que les adeude una cantidad que de no cobrarla llevaría a esas empresas al cierre; y que se ponga en marcha la línea ICO, tal y como estaba recogida en la adicional cuarta de la Ley 15/2010, de forma que las administraciones puedan realizar pagos pendientes a proveedores, en especial a pymes y autónomos.